Economista del Instituto Bruegel (Bruselas)

Desde la invasión rusa de Ucrania, Europa ha tomado importantes medidas para garantizar la seguridad del suministro energético y ayudar a las familias y las empresas a hacer frente a la subida de los precios de la energía. Se han rellenado las instalaciones de almacenamiento de gas, ha disminuido la demanda de gas y electricidad y los precios han retrocedido desde sus máximos de agosto. Sin embargo, los precios de la energía siguen siendo extremadamente altos en comparación con el año pasado, y la UE está dividida en cuanto a la mejor manera de reducirlos y evitar nuevas interrupciones en los próximos meses. Francia, Italia, España, Polonia, Portugal, Grecia y otros nueve países de la UE quieren limitar los precios al por mayor de la energía, argumentando que así se aborda el problema en su origen, se evita una carrera de subvenciones y se ayuda a reducir la inflación. El bando contrario, encabezado por Alemania y los Países Bajos, sostiene que esos topes aumentarían la demanda y dificultarían que la UE atrajera importaciones netas de energía.

La COP27 comenzó con una buena noticia: tras 48 horas de intensas conversaciones, los delegados acordaron el domingo incluir en el orden del día de la conferencia un punto sobre “pérdidas y daños”, término técnico utilizado para indicar quién debe pagar los daños causados por los fenómenos meteorológicos cada vez más extremos en aquellos países pobres que ya están sufriendo un cambio climático al que ciertamente no han contribuido. La reciente y espantosa inundación en Pakistán es sólo el recordatorio más reciente de los daños ya generados por el calentamiento global hasta la fecha.

Europa se encuentra en medio de una tormenta energética perfecta. En los últimos meses, tres sacudidas superpuestas han empujado a la UE a la peor crisis energética que jamás haya vivido.

La UE dio a conocer el 1 de diciembre su plan de apoyo al desarrollo de infraestructuras en todo el mundo: el Global Gateway. El plan pretende movilizar 300.000 millones de euros entre 2021 y 2027 en proyectos de conectividad en todo el mundo, y especialmente en los ámbitos digital, climático y energético, de transporte, sanitario, educativo y de investigación.

A menos de dos meses del inicio de la conferencia sobre el clima COP26 en Glasgow, China es cada vez más el centro de atención de la política climática mundial. El país ha incumplido el plazo del 31 de julio fijado por Naciones Unidas para presentar nuevos compromisos de reducción de emisiones -conocidos como Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés)- antes de la COP26, despertando dudas sobre su contribución en el marco del Acuerdo de París. Aunque otros países, como India, Arabia Saudí y Sudáfrica, también han incumplido, el retraso de China es especialmente preocupante. Como mayor emisor mundial de gases de efecto invernadero, el país es clave para el éxito de la COP26 y el esfuerzo global por la neutralidad climática.

Desde enero de 2021, los precios del gas natural se han disparado más de un 170% en Europa, lo que ha despertado la preocupación por las posibles consecuencias macroeconómicas. Tanto los factores de la demanda como los de la oferta han contribuido a tensar el mercado europeo del gas.

Tres meses antes de la gran conferencia sobre el clima que se celebrará en Glasgow, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) publicó su informe más completo y actualizado sobre el calentamiento global.

Este mes, el presidente Joe Biden se reunió con Charles Michel y Ursula von der Leyen en Bruselas para celebrar una importante cumbre Unión Europea-Estados Unidos que pretende relanzar la cooperación bilateral tras cuatro años en los que se ha marchitado. La eliminación de los aranceles vinculados al conflicto de Airbus y Boeing acaparó todos los titulares pero el cambio climático ha figurado en lo más alto de la agenda, lo que hace albergar esperanzas sobre el posible papel de los socios transatlánticos en el fomento de la descarbonización global.

Como investigador sobre política climática, me preguntan a menudo: ¿cuál es el mayor obstáculo para la descarbonización? Mi respuesta ha cambiado profundamente en los últimos dos años. Antes, solía apuntar a una compleja combinación de falta de tecnologías verdes competitivas en costes y ausencia de voluntad política. Hoy, apunto a algo más. Algo menos tangible, pero posiblemente más desafiante: la ausencia de un contrato social en este ámbito.

El "European Green Deal" pretende convertir a Europa en el primer continente climáticamente neutro en 2050. No va a ser un camino fácil.